viernes, 31 de marzo de 2017

Comparto una actividad de académicos de Monterrey


Comparto una actividad de académicos de Monterrey
Lylia Palacios 27 de febrero de 2017, 18:38

Desde hace dos años a raíz de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, un grupo de académicos de varios centros educativos nos constituimos en un colectivo: Académicxs de Monterrey 34, hemos hecho algunas actividades y con el inicio del año abrimos este sencillo blog donde cada semana subimos un pequeño artículo de alguno de los integrantes del colectivo. 

Te lo comparto, esperando pueda ser de alguna utilidad para ti y tus compañeros de labores. Somos pocos y creo que lo mejor es sentir que estamos cerca, aunque sea por estos medios. 

Aquí te dejo el enlace y ojalá puedas echarle un ojo y en caso que le veas utilidad, lo puedas compartir.


Un abrazo fraterno,
Lylia Palacios


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lunes, 16 de enero de 2017

El Estado – ¿un bien público? / por Veronika Sieglin

Posted on enero 9, 2017

El Estado – ¿un bien público? / por Veronika Sieglin




En un texto intitulado "Sobre el gobierno privado indirecto", publicado en 1999 en la Revista Politique Africaine, el politólogo africano Achille Mbembé analiza el desarrollo del Estado en el continente africano durante la segunda mitad del siglo XX. Concluye que en este lapso el Estado dejó de ser un "bien público".

Pero ¿es el Estado un bien público? La brutalidad con que se han implementado las reformas estructurales y la política de shock económico en México (el 'gasolinazo', la reforma fiscal, la devaluación del peso frente al dólar), el empobrecimiento de vastos sectores poblacionales aunados a los exorbitantes niveles de corrupción de los funcionarios públicos y sus descarados y siempre impunes atracos al erario público hacen pensar en el Estado como un terrible lastre del desarrollo y no como un bien público. Por lo mismo, muchas personas exigen el achicamiento de la cámara de diputados (eliminando las diputaciones plurinominales y reduciendo el número de mandatos directos), otras se han convertido en promotoras de las llamadas candidaturas 'independientes' que pretenden ser alternativas a los partidos políticos que son identificados como parte del problema. Un tercer grupo no quiere ni ocuparse de los asuntos políticos al identificar la conducta de políticos y gobernantes como amoral, depravada y corrompida. En suma, pocas personas consideran que el Estado vela sobre sus necesidades e intereses y que debería ser defendido.

Mbembé desarrolló su tesis del Estado como bien público a partir de la figura del impuesto. La tributación hace posible al Estado, ya que genera un fundamento económico para sus actividades. Ciertamente, el impuesto expresa siempre una relación de coerción (los contribuyentes omisos pueden quedar en la cárcel) y ratifica así la subordinación de cada individuo frente al Estado, sin embargo, el Estado democrático ofrece algo a cambio: la creación de infraestructura común, programas sociales, económicos y culturales, orden y seguridad (monopolio de poder). El pago de impuestos y la prestación de servicios públicos constituyen un vínculo recíproco. Esta reciprocidad distingue el impuesto público del cobro de pisos en regiones controladas por el crimen organizado, o del impuesto de guerra en territorios ocupados por ejércitos extranjeros.

La globalización neoliberal ha llevado a la cancelación de esta correspondencia entre el Estado y los contribuyentes. El Estado neoliberal ya no vela por los intereses del conjunto, ni siquiera por los de todas las fracciones del capital. Tiene un compromiso sólo con los más poderosos. De hecho, la función del Estado neoliberal consiste en: (1) extraer riqueza de la población vía nuevos y crecientes impuestos y tarifas a los servicios, que es transferida a las arcas de empresas transnacionales principalmente en calidad de subsidios, subvenciones, exención de impuesto, construcción de infraestructura y absorción de ciertos gastos operativos; (2) abrir a la valorización del capital actividades anteriormente restringidas (educación, salud, energía, agua, seguridad); y (3) garantizar el status quo político y generar los fundamentos legales que garantizan las inversiones, el acceso a los recursos públicos y naturales y que aseguran legalmente las ganancias proyectadas por varias décadas. Cuanto más avanza la transformación neoliberal, más unidireccional resulta el flujo de recursos de parte de los contribuyentes al Estado.

El desmontaje del Estado resulta de la aplicación de los principios neoliberales por parte del mismo. El Estado neoliberal se destruye a si mismo. El medio principal es la privatización de sus antaño funciones sustanciales: la producción y el suministro de energía, la distribución del agua y la administración de las aduanas. Al transferirlas a empresas privadas, el Estado pierde una importante fuente de autofinanciamiento. Las presiones financieras correspondientes se suelen resolver: (1) entregando nuevas áreas a la actividad privada (educación, salud e incluso seguridad) y (2) endeudando a las entidades públicas con la banca comercial, echando mano de fondos de pensiones y/o bursatilizando fuentes de ingreso relativamente estables. De esta forma el Estado se convierte paulatinamente en rehén del capital financiero y de las empresas transnacionales. Su poder sobre el sector privado se pulveriza y se convierte en lacayo de los capitales más poderosos.



En México, el avance de este modelo ha sido facilitado por varias circunstancias: (1) la necesidad permanente de las élites políticas y económicas de distinguirse de las clases subordinadas y su identificación con los intereses de los países poderosos (principalmente Estados Unidos y Europa). La integración de algunos miembros de las élites mexicanas en instituciones supranacionales y consejos directivos de empresas transnacionales ha fortalecido simbólicamente esta identidad con la élite global. Por lo anterior, los sectores dominantes mexicanos no guardan compromiso alguno con el desarrollo del país y las necesidades de su población. (2) La tradicional y aún creciente corrupción de los funcionarios públicos, sus negocios privados con dineros públicos y sus alianzas abiertas o encubiertas con el crimen organizado han sido puntualmente registrados en el extranjero (en particular por el FBI, la embajada norteamericana y agencias de espionaje) y han carcomido cualquier posibilidad de resistencia ante las exigencias de poderes extranjeros. (3) La delegación de gran parte de las actividades gubernamentales a agencias privadas que se hacen cargo del diseño y la ejecución de políticas públicas no solo ha fortalecido la influencia de intereses particulares en las decisiones del Estado sino ha aplanado también el trabajo público y facilitado la desprofesionalización de la actividad pública. Este último proceso significa la pérdida de capacidad racional en el Estado y vigoriza su dependencia de instancias privadas.

En suma, el Estado neoliberal no sólo se está convirtiendo en botín de empresas sino también en instrumento dócil de nuevas formas de acumulación primitiva. Se ha convertido en gobierno privado. Esta situación no se resuelve a través de candidaturas 'independientes' si los ciudadanos postulados siguen la misma lógica neoliberal al arribar a los puestos de representación pública. Recuperar al Estado como bien público es posible si la ciudadanía se repolitiza y se organiza; si defiende sus necesidades colectivas; si pondera el bien común por encima del bien privado y otorga prioridad a los intereses vitales de la mayoría de los mexicanos; si no ignora las traiciones de muchos partidos políticos y otorga su voto únicamente a aquellos políticos y agrupaciones políticas que se han negado a aprobar las reformas neoliberales. Si no se aprende de las dolorosas experiencias del presente y pasado, México alcanzará con prontitud los niveles de violencia y anomia que hunden al continente africano en la guerra, la destrucción y la miseria, ya que allí el Estado ha dejado de ser un "bien público".

Por Veronika Sieglin
9 de enero de 2017

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viernes, 6 de enero de 2017

despiden a 600 trabajadores del Seguro Popular | La Jornada-Veracruz

despiden a 600 trabajadores del Seguro Popular

Eirinet Gómez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 3 de enero de 2017, p. 25
Xalapa, Ver.

La Secretaría de Salud de Veracruz despidió a los 600 trabajadores del Seguro Popular, muchos de los cuales tenían 10 años de antigüedad. Personal de la dependencia notificó a los empleados de la rescisión vía correo electrónico y cambió las chapas de las puertas de 53 módulos.

Inconformes, los trabajadores protestaron a las 9 horas de ayer fuera de las oficinas centrales, en la avenida 20 de Noviembre de esta capital.

Llegó personal de la jurisdicción sanitaria y sin notificación, nombramiento u oficio alguno, cambiaron cerraduras y colocaron candados para impedirnos el paso, reprochó Ángel Carrera Ramírez, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Régimen Estatal de Protección Social y Salud.

Sobre la forma en que les informaron del fin de la relación laboral, señaló: Tenemos más de 10 años trabajando; no es posible que se notifique (el despido) con un correo electrónico.

En el mensaje que les envió personal de la Secretaría de Salud se les dijo que no existe adeudo alguno y que no sufrimos ninguna discapacidad o enfermedad durante el tiempo de trabajo.

El programa y los recursos son federales: líder gremial

El dirigente sindical señaló que si bien es cierto que el gobierno estatal tiene que hacer ajustes, los recursos del Seguro Popular "son federales y nosotros nos regimos por un tabulador. No es un sueldo que alguien haya dispuesto para cada quien.

A nosotros nos rige una comisión nacional. En cuanto a los gastos de operación, el gobierno (estatal) no puede decir que no hay dinero, puntualizó.

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jueves, 20 de octubre de 2016

La estructura de las reformas | La Jornada

La estructura de las reformas

La estructura de las reformas
Gustavo Esteva
Lunes 26 de septiembre de 2016

La naturaleza de las reformas estructurales fue clara desde el principio y se ha vuelto cada vez más evidente, pero aún se le disimula. No se ve, por ejemplo, que implican necesariamente guerra y resistencia, como acaban de recordar los zapatistas y el CNI…

Se reforma la estructura de la propiedad y la distribución. Se convierte en propiedad privada cuanto es de propiedad pública, social o comunal, y con ese y otros dispositivos aumenta la parte del producto social que va a los capitalistas y los ricos, y se reduce la que va a la gente. Es una gigantesca operación de despojo. Se le ha llamado extractivismo: el minero, el financiero, el urbano. No se ha hablado del extractivismo laboral y de servicios. Se despoja a los trabajadores y a la gente en general de empleos, salarios, pensiones, prestaciones y servicios gratuitos: educación, salud, vialidad, transporte…

Para impulsar las reformas se usa tanto como se puede la persuasión y manipulación mediática. Cuando eso no basta, se recurre a cooptación y corrupción. Como tampoco eso es suficiente, se practica el ejercicio autoritario. Empieza con mecanismos sigilosos, como negociaciones secretas o cambios legales discretos; culmina con la destrucción del estado de derecho y la violencia de la fuerza pública o de fuerzas paramilitares o criminales. Sólo así se puede practicar a fondo el despojo que resisten quienes defienden no sólo bienes, tierras y territorios sino la vida misma. Por eso las reformas son a la vez guerra y resistencia.

En México, la operación empezó con Miguel de la Madrid, cuyo golpe de Estado incruento el día que tomó posesión desplazó a la vieja clase política e instaló en su lugar a la tecnocracia que controla desde entonces los aparatos estatales. El esquema tomó vuelo con Salinas y no ha cesado; a Peña sólo le toca llevarlo a término.

Se declaró la guerra cuando Miguel de la Madrid anunció en 1983 que un millón de campesinos dejaban de tener acceso al crédito oficial. Esta fase culminó cuando Salinas abrió al capital las tierras ejidales y comunales hasta entonces inalienables, mediante reformas constitucionales que concertó con todas las organizaciones campesinas y todos los partidos políticos. Salinas pudo malbaratar los bienes públicos sin demasiada resistencia porque repartió parte del producto en programas sociales diseñados por el Banco Mundial. Son programas que aquí, como en todas partes, cumplen funciones de control, individualización, clientelismo y contrainsurgencia; pretenden compensar el despojo y la destrucción sistemática de capacidades autónomas de subsistir con rentas miserables en efectivo o en especie que generan perversas dependencias.

En esta guerra se privatizaron bancos, industrias, servicios: lo que era bien público, para la acumulación social, genera ahora ganancia privada.

Algunas privatizaciones convierten en negocio funciones públicas. Llegó ya a México la del sistema carcelario. En Estados Unidos, corporaciones privadas construyen las cárceles y las administran y luego convierten a los prisioneros en trabajadores semiesclavos para producir lo mismo pollos fritos que vegetales orgánicos, con empresas como Whole Foods y Kentucky Fried Chicken. Hacia allá vamos.

La más perversa de las privatizaciones es la que traslada a la gente costos cotidianos que asumía el gobierno. Servicios públicos que fueron producto de prolongada lucha social y cuya gratuidad se consagró constitucionalmente serán ahora pagados por la gente. Es ese el corazón de la llamada reforma educativa, por ejemplo, aún más que el despojo de derechos de los maestros: los padres y los pueblos pagarán lo que había ya dejado de ser realmente gratuito.

Las reducciones presupuestales para 2017 forman parte de la guerra. Profundizan el despojo; reducen la parte de la gente y aumentan la que irá al capital, a los ricos y sus cómplices. De eso se trata arriba, aquí y en todas partes. Lo que destaca en México es la increíble incompetencia, corrupción y criminalidad de las autoridades, de la tecnocracia que desde 1982 controla el aparato gubernamental y lo pone al servicio del capital con la cínica complicidad de los partidos políticos. No es sólo que las reformas estructurales hayan sido aprobadas con el Pacto por México; es que los partidos, todos, siguen la lógica dominante, y no hay uno solo que se declare hostil al capital y proponga detener la guerra.

El frenesí de despojo ha afectado a amplias capas de la población, pero los más gravemente afectados han sido campesinos, pueblos indios y mujeres. Son ellas y ellos quienes libran hoy las principales batallas y mantienen la más decidida resistencia.

En las guerras no hay neutralidad posible. Com­batientes y colaboracionistas están en uno de los bandos. Afortunadamente, la resistencia se extiende. Los pueblos indios, en el principal frente de batalla, encuentran cada vez más aliados… que se articulan con los maestros en lucha y con innumerables pueblos, comunidades y grupos que han decidido detener el despojo, organizarse en sus propios espacios y enfrentar juntos el horror.

gustavoesteva@gmail.com

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sábado, 21 de mayo de 2016

Sedena quita a maestros civiles plaza y jubilación | La Jornada

Sedena quita a maestros civiles plaza y jubilación

Obliga a docentes a retiro voluntario
Sedena quita a maestros civiles plaza y jubilación
Jesús Aranda
Periódico La Jornada
Viernes 20 de mayo de 2016, p. 7

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) modificó unilateralmente en 2015 la situación laboral de 680 profesores civiles que impartían clases en el Sistema Educativo Militar (casi una tercera parte de la planta docente), al retirarles la plaza de base para contratarlos por honorarios, con lo que perdieron los derechos laborales pactados originalmente, como la jubilación.

Con el argumento de puso en marcha una profunda reforma en materia de educación militar, las autoridades castrenses obligaron a la gran mayoría de los profesores civiles a que aceptaran el retiro voluntario propuesto.

Sin embargo, el profesor Evaristo Maldonado Preciado interpuso un recurso de amparo en contra de las tropelías de la Sedena.

En este contexto, el 16 de abril pasado, el procurador general de Justicia Militar, general brigadier Jesús Gabriel López Benítez, le envió un oficio al quejoso (CONTEN-III-764/2016) en el que le notifica que "sólo tiene derecho a 10 días hábiles de vacaciones –después de 23 años de servicio–, que se le solicita que renuncie a su plaza de base y se contrate por honorarios, y que debe laborar ocho horas diarias".

Argumentos infundados

El procurador castrense sostuvo que la disposición se basa en la resolución del juzgado noveno de distrito en materia de trabajo, que calificó de infundados e improcedentes, los argumentos de Maldonado Preciado, cuya relación laboral es la de profesor civil con la categoría de titular especializado foráneo de tiempo completo A para impartir la materia de salud pública en la Escuela Médico Militar.

El documento añade que, respecto a que dice que existe un hostigamiento para que renuncie a su plaza de base, esto es carente de sustento en virtud de que si bien es cierto que el Sistema Educativo Militar se encuentra en renovación de su planta docente, para alcanzar la excelencia académica, por lo que se comenzó el proceso de separación voluntaria del personal de profesores civiles, en su caso particular, usted no aceptó adherirse a dicho proceso.

El profesor cuestionó el documento toda vez que el procurador militar no es autoridad para tema laborales y agregó en entrevista que durante más de 20 años la jornada de trabajo dependía de las horas asignadas para impartir su materia y cuando el programa escolar no lo requería no asistía al plantel. Sin embargo, con los cambios impuestos, el director de la Escuela Médico Militar, general Guadalupe Mazo de la Torre, le informó que ahora tenía que cumplir con una jornada diaria de ocho horas, o que de lo contrario aceptara su retiro voluntario con un pago único de aproximadamente 200 mil pesos.

Por las presiones ejercidas con el conocimiento del general secretario, Salvador Cienfuegos Zepeda, la gran mayoría de los profesores civiles aceptó el retiro voluntario, sin saber que con ello quedaron imposibilitados de contratar sus servicios en la administración pública, lo cual –aseveró Maldonado– fue un engaño que se suma a la forma ilegal en que la Secretaría de la Defensa Nacional ha renovado su planta docente de profesores civiles con contratos de honorarios para impartir clases en el Heroico Colegio Militar y en las escuelas militares de Aviación, Médicos, Enfermeras, Oficiales de Sanidad y de Odontología, entre otras.

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viernes, 20 de mayo de 2016

Explotar a los empleados, “pecado mortal”, advierte el Papa — La Jornada

Explotar a los empleados, "pecado mortal", advierte el Papa

jue, 19 may 2016

El papa Francisco, a su llegada a la audiencia general en la Plaza de San Pedro. Foto Afp

Ciudad del Vaticano. Los empleadores que explotan a sus trabajadores en provecho propio cometen un pecado mortal, afirmó el jueves el papa Francisco.

Durante su homilía de la mañana, Francisco dijo que esta explotación laboral es una forma moderna de esclavitud. El pontífice afirmó que aquellos que explotan a sus trabajadores no son distintos de los traficantes de personas del pasado, que esclavizaron a africanos y los vendieron en las Américas.

"¡Vivir de la sangre de la gente es un pecado mortal! Un pecado mortal. Y requiere mucha penitencia, mucha restitución ser absuelto de este pecado".
El papa, el primer pontífice latinoamericano de la historia, ha denunciado con frecuencia las injusticias de la economía global, que según afirma ha empobrecido a los pobres y destruido el medio ambiente al tiempo que enriquece a unos pocos adinerados.

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El fracking invade México en silencio y sin información para los ciudadanos: grupos civiles

El fracking invade México en silencio y sin información para los ciudadanos: grupos civiles

19 Mayo 2016

Foto: Especial/Sinembargo

El fracking se extiende cada vez más por todo el territorio mexicano sin que las autoridades informen a la sociedad los riesgos que ocasiona esta práctica, han alertado organizaciones civiles y especialistas en la materia

Ciudad de México.– En México, cada día se extiende más la práctica del fracking, un método de extracción de gas de esquisto o shale que plantea importantes amenazas para el aire, agua y salud, de acuerdo con diversas investigaciones científicas que demuestran que los daños causados por esta técnica no pueden ser evitados a través de marcos regulatorios como lo pretende hacer el Gobierno federal a través de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ANSIPA).

"La ANSIPA dice que está trabajando en un protocolo de lineamientos no vinculantes (no obligatorios) para las empresas, a partir de los cuales puedan regular la parte de la fractura hidráulica. Dicen que observando estos lineamientos podrán evitar la mayor parte de los impactos ambientales. Eso es mentira porque claramente tenemos el convenio de estudios donde la conclusión dice que esta actividad no se puede regular", explicó Francisco Cravioto Lagos, investigador de la Alianza Mexicana contra el Fracking, en entrevista SinEmbargo.

El especialista añadió que en el mundo no existe suficiente regulación que permita que esta actividad se realice de forma segura, por lo que esta práctica "se debe prohibir en México".

La Alianza Mexicana contra el Fracking, conformada por 45 organizaciones que se encuentran presentes en toda la República Mexicana, desde 2013 ha presentado múltiples estudios y evidencia científica sobre las afectaciones de este método; sin embargo, exponen que las autoridades tanto federales como locales no han emitido algún pronunciamiento sobre esta práctica, a pesar de la preocupación de la ciudadanía.

Al contrario, dicen, "las autoridades parecen defender el fracking debido a que están coludidos con las empresas que buscan explotar estos mercados", destacó Cravioto.

"En el tema se han hecho declaraciones tanto por el Gobierno federal a través de la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, inclusive la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pero éstas han sido para mitigar en la opinión pública las afectaciones de este tipo de proyectos y los promueven abiertamente descartando los estudios que han presentado las organizaciones", añadió.

El colectivo de la Alianza contra el Fracking también se ha acercado con legisladores federales para presentar iniciativas. En noviembre pasado promovieron junto con algunos legisladores la Ley General de Prohibición de la Fractura Hidráulica en México, sin embargo, la gran mayoría de ellos descartó la propuesta.

"También hemos tratado el tema directamente con funcionarios de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ellos se deslindan de la responsabilidad porque dicen que no es su función, lo único que hacen es vigilar el proceso de contratos y licitaciones. Dicen que no tienen la responsabilidad de vigilar las afectaciones sociales", precisó Cravioto Lagos.

Foto: Especial

De acuerdo con la Alianza Mexicana contra el Fracking, en México esta práctica de la fractura hidráulica se lleva a cabo desde hace 60 años, en diferentes grados, pero la técnica que viene denunciando las organizaciones es la que se quiere realizar el Gobierno en los próximos años. "Es aquél que implica la perforación horizontal e inyección de un fluido rico en químicos bastante nocivos para la salud y que utiliza grandes cantidades de agua", mencionó Cravioto.

La organización plantea al Gobierno federal que lleve a cabo una transición de una economía libre de hidrocarburos, dicen que existen alternativas tecnológicas para hacerlo pero que las autoridades no las están tomando en serio y apoyan el fracking. " Sacrifica a la población mexicana en aras de alimentar un mercado insostenible".

A nivel internacional existen diversos estudios que han demostrado los daños que causa el fracking en las poblaciones, sin embargo, en México son muy pocos. La razón: falta de información por parte del Gobierno.

"Lo primero que necesitamos para realizar los estudios de impacto ambiental por el fracking es que tanto el Gobierno federal como Petróleos Mexicanos (Pemex) nos proporcionen información fidedigna de dónde se encuentran estas perforaciones", comentó el activista.

Destacó que sólo han obtenido una solicitud de información de Pemex, donde indica que se han perforado 934 pozos con la técnica del fracking en el país, distribuidos en su mayor parte en Veracruz (300), en la Cuenca de Burgos (200), más de 120 en la Sierra Norte de Puebla, entre otros.

"No tenemos la localización exacta de estos pozos, es decir, en qué ejido se encuentran, en qué comunidad, junto a qué acuífero o río, esa información es importante para poder medir el impacto. Lo único que hemos recibido de Pemex es una tablita enumerando los pozos", señaló.

Los pocos estudios que se han realizado sobre el impacto de la industria petrolera en México se han efectuado en la región de Burgos, ubicado entre los estados de Tamaulipas y Nuevo León, en Veracruz y Puebla.

Foto: Cuartoscuro

NUEVO ESTUDIO REVELA MÁS DAÑOS

Un estudio reciente publicado en Estados Unidos concluyó que la contaminación del aire, originada por el fracking pone en riesgo los pulmones y corazón de las personas, particularmente en los niños pequeños y bebés.

El estudio –el primero que se centra específicamente en cómo la perforación del petróleo y gas de esquisto afecta la capacidad de respirar en niños–, expuso que desde la matriz, el desarrollo de sistemas respiratorios de los niños son especialmente vulnerables a los contaminantes del aire, cinco de ellos están asociados con la fractura hidráulica.

"Llegamos a la conclusión de que la exposición al ozono, [partículas], polvo de sílice, benceno y formaldehído está vinculada a efectos de salud en la respiración, especialmente en los lactantes y los niños", escribieron los investigadores en el estudio, titulado "Potential hazards of air pollutant emissions from unconventional oil and natural gas operations on the respiratory health of children and infants".

Los investigadores precisaron que desde 2013 más de 560 estudios se han realizado sobre el impacto de esta técnica. "En otras palabras, en los últimos años, los riesgos de fractura hidráulica se han vuelto mucho más intensamente estudiado – y los resultados muestran buenas razones para estar preocupados acerca de cómo se ve afectada la salud de las personas", detallaron.

Sobre la base de los riesgos asociados con el aire mezclado con los cinco contaminantes más estudiados para respirar, los investigadores expresaron su preocupación de que la práctica del fracking se realice cerca de los hogares, guarderías y escuelas.

"Recomendamos que, como mínimo, se deben establecer los contratiempos de una milla entre las instalaciones de perforación y viviendas ocupadas tales como escuelas, hospitales y otras viviendas donde los bebés y los niños pueden pasar una cantidad considerable de tiempo", escribieron.

En Estados Unidos no hay datos disponibles sobre el número de escuelas o guarderías infantiles que se encuentran cerca de donde se trabaja con esta práctica, y en México menos. En parte porque no hay regulaciones federales que requieren la industria para realizar un seguimiento de los datos.

Foto: Especial

Mientras tanto, los riesgos asociados específicamente con el fracking han empezado a llamar la atención de los ciudadanos en México y de la comunidad científica a nivel internacional.

Con una urgencia cada vez mayor, los grupos de profesionales de la salud y de científicos, están emitiendo un llamando para que se realicen estudios completos y a largo plazo sobre la gama completa de efectos potenciales a la salud y a los ecosistemas ocasionados por el fracking.

Los profesionales de la salud y científicos en los Estados Unidos y de alrededor del mundo, han exhortado para que haya una regulación estricta y para algunos casos, que se suspendan las actividades de extracción de petróleo y gas no convencional, con el fin de limitar, mitigar o eliminar sus serios y adversos riesgos a la salud pública.

El pasado martes, especialistas internacionales presentaron el "Compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios de comunicación que demuestran los riesgos y daños del Fracking" en la Ciudad de México. Este documento fue la base para prohibir este método de extracción en el estado de Nueva York, Estados Unidos en diciembre del 2014.

"El 85 por ciento de la literatura científica que estudia los riesgos del fracking los ha encontrado. El fracking no puede es ni puede ser seguro. Esa es nuestra conclusión", dijo Sandra Steingraber, profesora del Colegio de Ithaca en Nueva York, durante la presentación.

El documento que se encuentra dividido en 17 ejes fue elaborado en Nueva York por colaboradores que no fueron pagados.

De acuerdo con el compendio, las regulaciones del fracking no bastan para evitar la contaminación en el ambiente. "Hay fuertes consistencias de que el agua queda contaminada con al menos 19 tóxicos, incluyendo algunos cancerígenos", apuntó la profesora.

En la COP21 celebrada en Paris, importantes dirigentes empresariales aseguraron tener tecnología para generar extracción limpia. No obstante, son los mercados financieros los que han impedido su implementación.

Foto: Especial

EL RIESGO EN PUEBLA

Una investigación presentada hace dos meses, alertaba que al menos 35 municipios de la Sierra Norte de Puebla se encuentran en riesgo por la perforación de aproximadamente 233 pozos mediante la técnica de fracking para la extracción de gas.

Según la investigación "La fracturación hidráulica en la Sierra Norte de Puebla: una amenaza real para las comunidades", distintas organizaciones de la sociedad civil y de pueblos nativos de la región denunciaron que el Gobierno planea intensificar esta actividad en los próximos cinco años a través de asignaciones a Petróleos Mexicanos (Pemex) y contratos a empresas privadas derivados de la Reforma Energética.

Estas acciones ponen el riesgo a los pueblos totonaco, nahua, otomí y tepehua.
El documento alerta que la región está en la provincia petrolera Tampico-Misantla, la segunda del país en prioridad para explotar hidrocarburos en yacimientos de lutitas (no convencionales) a través de fracturación hidráulica.

"Pemex calcula que esta provincia cuenta con la mayor cantidad de recursos prospectivos de petróleo y gas húmedo en este tipo de yacimientos, con 57.8 por ciento del total nacional. Por lo que el Estado planea intensificar la actividad exploratoria en los próximos años para determinar las reservas realmente existentes, lo que ya implica el uso de la fracturación hidráulica y, consecuentemente, la generación de impactos negativos y daños irreparables a las poblaciones indígena y campesina de la región", detalló el documento.

De acuerdo con el análisis, en 2013 existían ya al menos 233 pozos en los que ya se utilizaba la técnica en los municipios de Francisco Z Mena, Venustiano Carranza y Pantepec, con 121, 98 y 14 pozos respectivamente. Dichos datos se obtuvieron a través de solicitudes de transparencia, ante la falta de información por parte del Gobierno a las comunidades afectadas.

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